El almacenaje de los ‘taxis’ de la droga retrasa su decomiso

El almacenaje de los ‘taxis’ de la droga retrasa su decomiso

La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid ultiman un protocolo para ver dónde se guardan los vehículos incautados

Una mujer sube a una cunda en Embajadores, en una imagen de archivo. / KIKE PAR

La lucha contra las cundas, los coches que trasladan a los toxicómanos hasta la Cañada Real Galiana para conseguir su dosis diaria, está paralizada, pese a ser uno de los problemas prioritarios que salieron de la mesa de seguridad de ese asentamiento. Problemas administrativos entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid están retrasando la puesta en marcha de la principal medida que recoge la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Esta norma, que entró en vigor el pasado 1 de julio, permite el decomiso de los vehículos siempre que se demuestre que se utilizan para la actividad ilegal.

Desde hace años, la Delegación del Gobierno ha argumentado que carecía de medios legales para acabar con este problema, máxime cuando los propios narcos se habían preocupado de sustituir los viejos vehículos sin licencia que hacían el recorrido por otros nuevos de su propiedad.

La ‘ley mordaza’, un arma de doble filo

La Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana incluye en su apartado 39.2 b la posibilidad de decomisar “los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción”. Esto permite que los cunderos puedan quedarse sin sus vehículos.

El mismo apartado incluye algún resquicio para evitar esa incautación. La ley recoge que esos bienes no podrán ser aprehendidos si pertenecen “a un tercero de buena fe” que no sea responsable de dicha infracción y si los han adquirido legalmente. Es decir, que si los cunderos utilizan un coche a nombre de un tercero, ajeno a este negocio, que ha comprado el vehículo con todos los permisos, las autoridades no podrían decomisarlos. Esto ocurriría si los cunderos alquilaran los coches.

La situación alcanzó tal gravedad que la anterior delegada, Cristina Cifuentes, se reunió con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y le pidió que la futura Ley de Seguridad Ciudadana permitiera alguna solución para decomisar los coches. La petición quedó resuelta en dos apartados complementarios de la ley. El 36.17 considera falta grave “el traslado de personas, con cualquier tipo de vehículos, con el objeto de facilitar a estas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no constituyan delito”. Al ser una falta grave, la cuantía de las sanciones oscila entre los 601 y los 30.000 euros.

El segundo apartado y más interesante desde un punto de política criminal se halla en el artículo 39.2 b, que recoge el decomiso de los efectos utilizados para la infracción administrativa. En este caso, los vehículos. Por tanto, el vehículo es trasladado a un depósito municipal y se queda allí hasta que termine todo el proceso judicial o el juez decida su venta o su devolución al legítimo propietario. Para ello, los Ayuntamientos deben tener lugares apropiados donde almacenarlos.
Hasta ahí, la norma. La puesta en marcha del procedimiento es bastante más compleja. La ley entró en vigor el 1 de julio, tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La mesa de seguridad de la Cañada Real se reunió el pasado 15 de julio y se puso como prioridad la lucha contra las cundas. La nueva delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, hizo un llamamiento a los Ayuntamientos en aquella ocasión para que lucharan contra estos coches de la droga.

El inicio del dispositivo puede tardar algunas semanas, ya que ha chocado con la burocracia institucional. La Delegación del Gobierno remitió el documento para regular el decomiso de las cundas al Ayuntamiento el pasado miércoles, tras ser estudiado por el abogado del Estado. Un tema peliagudo es el pago de las tasas del depósito municipal en el que se dejen los vehículos incautados. Las fuentes de la delegación creen que el Cuerpo Nacional de Policía y, por tanto, la propia delegación estarían exentas gracias a la normativa recogida en la Ley de Haciendas Locales.

Mientras, el Ayuntamiento está a la espera de recibir el documento, ya que no puede estudiar las posibles soluciones hasta ver cuáles son las peticiones del departamento de Concepción Dancausa. Fuentes de la Concejalía de Salud, Seguridad y Emergencias, que dirige José Javier Barbero, reconocen que la propuesta puede ser compleja. El Consistorio está esperando que se le evalúe el número de coches que pueden ser decomisados en virtud de la ley mordaza, quién paga las tasas de los depósitos municipales y a quién se le podría devolver el vehículo en caso de reclamación judicial o recurso administrativo, entre otras cuestiones.

La que más preocupa al Ayuntamiento es el tiempo que pueden permanecer esos vehículos en los depósitos municipales. La gestión de los depósitos de los vehículos corresponde al área de Movilidad, a cuyo frente está la concejal Inés Sabanés. “Son temas legales y administrativos complejos”, reconocen fuentes de la Concejalía de Salud y Seguridad. Estas cuestiones afectan a varias Administraciones, incluida la judicial, ya que el decomiso administrativo puede ser recurrido ante los jueces de la capital.

Fuentes de la Junta Municipal de Villa de Vallecas señalaron a EL PAÍS que desde la entrada en vigor de la nueva norma la Policía Municipal de la capital ya había decomisado 11 vehículos de cunderos.

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